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Pierde Ayuntamiento, le ordenan pagar  

16 octubre, 2020
  • El Ayuntamiento de Benito Juárez no tuvo de otra más que liquidar finalmente un adeudo que heredó del ex alcalde Paul Carrillo.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Derrotado ante todas las instancias judiciales, el Ayuntamiento de Benito Juárez no tuvo de otra más que liquidar finalmente un adeudo que heredó del ex alcalde Paul Carrillo, y el cual se negaba a saldar.

La confirmación de cumplimiento de una sentencia definitiva se dio luego de que la actual administración municipal agotara cuatro recursos legales ante la justicia federal para evitar pagar a un proveedor que suministró materiales e insumos para la construcción desde 2015.

La magistrada Patricia Elia Cerros Domínguez, ponente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, confirmó en autos la ejecutoria del amparo en revisión 524/2019, cuyo caso ordenó archivar por tratarse de “un asunto total y definitivamente concluido”, el pasado martes.

La conclusión del caso se dio después de dos años de litigio en que las actuales autoridades del Ayuntamiento heredaron un fallo condenatorio del 7 de agosto de 2018, expediente 297/2018 del Juzgado Segundo de Distrito en materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor con residencia en Cancún.

Los alegatos de las autoridades municipales para revertir la sentencia se fueron derrumbando con argumentos legales, lo que hizo prevalecer el fallo que favoreció en todo momento a la empresa Grupo Asiri Comercializadora, R.L. de C.V.

La defensa jurídica del Ayuntamiento Benito Juárez estuvo a cargo del síndico Heyden José Cebada Rivas que acumuló derrotas, una tras otra, en el juicio original y en los recursos de amparo que promovió ante el Juzgado Cuarto de Distrito. En todos se validó la sentencia original.

En el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito también se resolvió favorablemente a la empresa moral un incidente de liquidación que pretendió desvirtuar el pago de intereses moratorios, a razón de una tasa de 6 por ciento anual que se impuso sobre un monto adeudado de 163 mil 550 pesos, respecto al pago pendiente de las facturas 251 (del 28 de agosto de 2015), y 971, 967 y 969 (del 10 de febrero de 2016) del proveedor.

Las autoridades municipales fueron condenadas también a cubrir los gastos del juicio y apenas pudieron revertir en autos pagar las costas (gastos que deben solventar ambas partes en disputa durante el proceso judicial).

Ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el síndico municipal alegó una supuesta usura como medio de defensa, para tratar de combatir el cálculo de los intereses moratorios sobre la suerte principal.

En los argumentos de defensa se consideró la cifra porcentual como “interés desmesurado y abusivo”, pero los mismos fueron considerados inoperantes.

Fue la magistrada relatora Patricia Elia Cerros Domínguez, del Segundo Tribunal Colegiado, quien al resolver el amparo en revisión 524/2019 determinó por unanimidad de votos, de los también magistrados José Luis Zayas Roldán y María Adriana Barrera Barranco, sellar en definitiva el caso al validar la sentencia del original juicio oral mercantil.

 

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