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Reabre heridas fallo en España

15 octubre, 2019

Protestan miles en Barcelona ante sentencia a separatistas.

 

Reforma / Staff 

 

BARCELONA.- Miles de personas protestaron ayer en varios puntos de Cataluña por la condena de entre 9 y 13 años de prisión por sedición y malversación a los principales líderes separatistas que en 2017 impulsaron un referéndum de autodeterminación para la región.

 

El proceso secesionista en Cataluña, que inició en 2012, desembocó en la sentencia de 12 independentistas, 9 a prisión y 3 multados e inhabilitados, y en la reactivación de la euroorden de detención para el ex Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien huyó de la justicia española.

 

La respuesta del independentismo fue de rechazo absoluto, con protestas impulsadas por el movimiento Tsunami Democràtic que rebasaron ampliamente las que se habían vivido en el pasado.

 

Las movilizaciones fueron en varios puntos de Barcelona, especialmente en el aeropuerto de El Prat, el cual canceló al menos 108 vuelos. Las autoridades dispararon balas de goma y utilizaron macanas contra los miles de manifestantes, quienes respondieron arrojando objetos contra los agentes, rociando extinguidores y rompiendo cristales durante los enfrentamientos que se extendieron hasta el anochecer.

 

Unas 75 personas recibieron atención médica, según el servicio de emergencias catalán.

 

La condena, impuesta por el Tribunal Supremo en Madrid, quedó lejos de las pretensiones de la Fiscalía al no establecerse un delito de rebelión; sin embargo, la Abogacía del Estado sí logró los cargos por sedición y malversación de fondos públicos.

 

Los abogados de los condenados buscarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos o una posterior impugnación ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

 

Entre los sentenciados están el ex Vicepresidente catalán Oriol Junqueras, con la pena más alta, 13 años, por sedición y malversación; Jordi Turull, ex portavoz y ex consejero de la Presidencia, 12 años, por los mismos delitos; y Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament, 11 años y 6 meses, por sedición.

 

Los únicos tres procesados que afrontaron el juicio en libertad son los ex consejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, quienes fueron sentenciados a un año y ocho meses de inhabilitación y 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros por desobediencia.

 

El Presidente de la Generalitat, Quim Torra, tildó de “antidemocrática” la decisión y dijo que la considera un menosprecio a los catalanes. El Gobierno de Pedro Sánchez optó por una respuesta contenida, pero intentando alejar la idea de un indulto para los condenados, flanco por el que trataba de atacarle la Oposición.

 

“El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su íntegro cumplimiento”, afirmó. Ahora, el Gobierno catalán debe decidir el grado penitenciario de los condenados, que implica prisión cerrada o semiabierta, lo que les permitiría acudir únicamente a prisión a dormir de lunes a jueves.

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