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Confirma Auditoría desvío de 2mil mdp

08/08/2018
ALEJANDRO CASTRO

En su último año de gestión, la administración del ex gobernador Roberto Borge dejó sin aclarar la utilización de más de 2 mil 200 millones de pesos del presupuesto federal. En la revisión de la Cuenta Pública 2016 de Quintana Roo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó déficits en el presupuesto, que hasta el momento no han sido reportados, de acuerdo con un informe presentado por Oxfam y la organización “¿Fuiste tú?”.  La dependencia federal auditó un total de 3 mil 248 millones de pesos en recursos públicos, de los cuales más de la mitad no han podido ser comprobados.

De acuerdo con las observaciones realizadas por la ASF, durante 2016, el gobierno estatal distribuyó de manera poco eficiente y opaca los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, el ramo 33 concretamente, desde la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado (Sefiplan), a cargo entonces de José Alejandro Marrufo Roldán, antes de que se concretara la alternancia de gobierno a finales de ese mismo año.
Debido a que este ramo federal no tiene un objetivo concreto, el gobierno estatal lo utilizó sin aportar información. Un botón de muestra: casi mil 719 millones de pesos hoy desaparecidos no registran asignación presupuestal ni se pudo acreditar su destino.

La Auditoría detalló que aunque el gobierno borgista recibió la mayoría de estos recursos en ocho cuentas bancarias, utilizó 30 para hacer las transferencias a los municipios, por lo que no hubo una cuenta específica, y esto restó transparencia a la distribución. Otro monto de casi 146 millones de pesos se administró de manera errónea, según la ASF, pues se utilizó para pagar compensaciones mayores a las establecidas para personal de base, de confianza, de seguridad pública, así como para honorarios de todas las dependencias estatales. La ASF también revisó 93 convenios de servicios que se adjudicaron en 2016 de manera directa (sin competencia entre licitantes). Este modo de contratación sólo debe darse en casos de urgencia o cuando solo exista un proveedor del servicio, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones.

Sin embargo, en 73 de los convenios el gobierno de Quintana Roo no justificó este modo de contratación, ni presentó las condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y servicio. Inclusive no formalizó los servicios mediante un contrato, según la ASF. Las participaciones federales de 2016 no fueron el único elefante blanco en el “año de Hidalgo” de la última administración priista en el estado, pues otras dependencias y Ayuntamientos también tienen cuentas por aclarar.  El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), bajo la titularidad de Jorge Acevedo Marín no dio cuenta del gasto de 450 millones de pesos.

El dinero habría sido entregado al SQCS para varios proyectos, entre los cuales se incluía la implementación de una estrategia creativa, producción y copiado de cápsulas de radio y televisión, contratación de tiempos comerciales, contratación de anuncios en medios impresos, así como estudios cuantitativos y cualitativos, pero hasta el momento no se sabe su destino final.  La Universidad Politécnica de Quintana Roo, una de las involucradas en la triangulación de recursos denominada “La estafa maestra”, también tiene que aclarar el faltante de 97 millones de pesos de su presupuesto 2016. La Universidad de Quintana Roo, por su parte, no ha comprobado 152 millones de pesos.
Del mismo modo, cinco municipios del estado tienen cuentas pendientes con la Auditoría Superior de la Federación, los cuales suman en conjunto más de 668 millones de pesos, todos gobernados por el PRI y sus aliados.

En Tulum, municipio que presidió en 2016 David Balam, falta aclarar el destino de 17.9 millones de pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.  En Junio pasado, la ASF interpuso una denuncia penal contra el ex mandatario de Tulum y otros funcionarios del Ayuntamiento, acusados de desvíos de recursos que debieron utilizarse para la ejecución de obra pública.  El Ayuntamiento que más faltantes registró en 2016 es Felipe Carrillo Puerto, con 198 millones de pesos sin comprobar, cuando era encabezado por Gabriel Carballo Tadeo, mismo que en 2017 solicitó un amparo para no ser detenido por la justicia.

Othón P. Blanco, la capital política de Quintana Roo, es otro de los municipios con irregularidades millonarias, pues durante el último año de gestión de Eduardo Espinosa Abuxapqui no se demostró en qué se gastaron 179 millones de pesos. En noviembre de 2017, un juez oral de Chetumal libró una orden de aprehensión en contra del ex presidente municipal, a quien se le relaciona con 22 denuncias penales. En Cozumel faltaron 43 millones, bajo el mandato de Fredy Marrufo, actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Quintana Roo. Por último, José María Morelos presenta un daño al erario de casi 70 millones de pesos en 2016, durante la gestión de Juan Manuel Parra López, a pesar de ser el municipio más pobre del estado.

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